Según el Ministerio Público el grupo proyectaba pagos bajo el concepto de «Pago de deuda administrativa» por concepto de acuerdos transaccionales de los que se «distrajeron» RD$12,000,000,000.00 por operaciones relacionadas a expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deuda administrativa.
Además, el Ministerio Público indica que el grupo utilizaba otras estrategias como los contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500,000.00 facilitados a personas de «Entera confianza de la estructura» sin que se pueda justificar en qué se fundamentan esas cesiones de crédito.
«Ya que las personas físicas o morales que son beneficiarias de las mismas, no realizaban pagos ni acciones que justifiquen ni una parte ínfima de los montos cedidos, en ocasiones, las empresas utilizadas eran sociedades comerciales de carpeta, que fueron disueltas luego de cumplir con su objetivo de ser el vehículos societarios utilizados para distraer sumas millonarias del patrimonio público», indica el expediente.
Asimismo, el Ministerio Público indica que pudo evitar la distracción aproximada de RD$13,431,238,340.46 de los fondos públicos que quedaron pendientes de pagos, equivalente al 20% de las sumas que fueron distraídas y otros procesos de pagos .
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