HOY DIGITAL
El destituido juez Juan Francisco Rodríguez Consoró manifestó hoy que
el Consejo del Poder Judicial, lo destituyó mediante una resolución
basada en injurias y calumnias, así como en completa violación a todos
sus derechos fundamentales y con aplicación retroactiva de normas,
algunas de las cuales contienen visos de inconstitucionalidad.
Dijo que la decisión del órgano judicial fue con el objetivo de
satisfacer las presiones de un sector del Ministerio Público y la
realidad del momento, con su propósito de seguir alimentando el circo, conseguir views y likes, que es casi parte del diario vivir.
“Lo primero que quiero expresar al país, es que con esta comunicación
no pretendemos defender al juez por su destitución, pues esa función no
me define ni como persona ni como profesional, quienes me conocen y han
seguido mi trayectoria a lo interno del Poder Judicial, saben que mi
formación personal no me permiten ser parte de actos contrario a la ley,
la ética y la moral”, aseveró.
Aseguró que está consciente que se trata de una decisión que es
recurrible y revocable, pues, no tiene autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, la cual va apelar.
Precisó que la comunicación tiene como propósito responder el juicio mediático que
se ha hecho a un proceso disciplinario, pues, defender su honor y
buen nombre y el de su familia, a la cual me debo con todo mi ser, es
un derecho.
Indicó que no está opuesto a ser investigado penalmente,
pues no tiene nada que esconder ni que temer: “A lo que estoy
completamente opuesto, es a que cualquier persona sin importar raza,
color e ideología, sea procesada fuera de todas las garantías
constitucionales, y que se le condene sin pruebas, simplemente por el
rumor que ellos mismos han creado, lo que ha generado este juicio
mediático”.
Advirtió a la comunidad jurídica nacional a estar atenta a los
verdaderos propósitos que se persiguen con su destitución y publicidad
morbosa de la misma, “pues, no es más que destruir las garantías de
derecho y el debido proceso de los ciudadanos y con esto la libertad
decisional e independencia de los jueces dominicanos”.
Apuntó que con la medida se busca amedrentar y adoctrinar a todos
los juzgadores instaurando así una dictadura judicial al servicio de un
sector del Ministerio Público, a los fines de desnaturalizar el fin
último de la justicia y la aplicación de la norma, así como la finalidad
del proceso penal.
Sobre su «persecución»
El juez Juan Francisco Consoró indicó que su persecución inició el 7
de junio del año 2022, exactamente un día después de haber dictado el
Auto de No Ha Lugar, del denominado caso de Los Tres Brazos, a
consecuencia de no haber favorecido la petición del Ministerio Público.
Indicó que la inspectoría señaló , en ese momento , que sus
supuestas faltas fueron las siguiente: a) supuestas irregularidades en
el conocimiento de una medida en el año 2019, fundamentados en unas
grabaciones que el mismo Ministerio Público le suministra a la
Inspectoría del Poder Judicial; b) particularidades propias del proceso Los Tres brazos;
c) d ilaciones en la entrega de resoluciones relativas a libertad de
imputados; d) declaraciones públicas que afectan la imagen del Poder
Judicial; e) incremento patrimonial incompatible con el nivel de
ingreso; f) obtener préstamos no participados a los órganos
correspondiente.
“Es bueno que el país sepa que en mi función de juez de la
instrucción, denominado por la norma como juez de las garantías legales
y constitucionales en favor de todos los ciudadanos, fui apoderado en
el año 2019 para conocer una medida de coerción en contra de un
ciudadano acusado de haber movido cierta cantidad de drogas desde la
cárcel a través de un celular”, precisó.
Dijo que el Ministerio Público manifiesta haber comprobado por
escucha o captación de las conversaciones telefónicas que esté privado
de libertad sostenía desde la cárcel.
“Para que el país entienda el porqué de la decisión y pueda juzgar
por si mismo, de quién ha sido la falta y a quienes corresponden los
actos de corrupción”, sostuvo.
Señaló: “Primer punto , ¿Por qué un individuo cumpliendo una condena tiene un celular en la cárcel?,
evidentemente que no lo compró en una tienda, sino que tiene un celular
en la cárcel porque la autoridad que lo tiene bajo su custodia se lo
proporciona, pues esto constituye uno de los negocios más lucrativos
para algunos miembros del sistema”.
Recordó que esta corrupción en los centros penitenciarios fue denunciada por el anterior director general de Prisiones.
Añadió: “segundo punto, ¿Qué autoridad dirige las cárceles, que permite a los internos tener un celular dentro de la misma? pues,
esa autoridad es el Ministerio Público, ya que conforme la ley, la
Dirección General de Prisiones, se encuentra bajo su dependencia
directa, por lo que, custodios y todo el personal penitenciario se
encuentran bajo la dirección del Ministerio Público. Siendo así, se
supone que quien debió ser sometido al rigor de la ley, debieron ser
esas autoridades.
Puntualizó: “Tenía el Ministerio Público conocimiento de que el
imputado del caso por el cual me persiguen, tenía en posesión un
teléfono celular dentro de la cárcel? si, era de su conocimiento pleno,
porque le escuchaba las conversaciones telefónicas, pues, justamente en
virtud de las captaciones de esas conversaciones es que el Ministerio
Público, lo acusa y lo presenta ante nosotros en calidad de juez de las
garantías”.
Manifestó que el Ministerio Público pretendiendo que le pusiera en
ese caso la medida de prisión preventiva, es decir, que en vez de
requisar la cerda y quitarle el teléfono celular al privado de libertad
condenado y someter a los responsables ante la justicia, lo que hace es
escucharlo, captar sus conversaciones, quedando así evidenciado que si
ese individuo portaba un aparato en la cárcel, es porque así lo permitía
las autoridades, en su calidad de regente y gestor del sistema
penitenciario.
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