Desfalco en SENASA

 La investigación denominada Operación Cobra destapó un presunto entramado criminal dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que, según el Ministerio Público, desvió más de 15,900 millones de pesos mediante un esquema sofisticado de corrupción administrativa, manipulación contable, facturación ficticia y lavado de activos.

La solicitud de medida de coerción depositada por la Procuraduría detalla cómo la estructura habría operado durante varios años, combinando ramificaciones financieras, médicas y tecnológicas. Este jueves 11 de diciembre está prevista la audiencia en la que se conocerá la medida de coerción contra los imputados.

Santiago Hazim: Exdirector de SeNaSa (2020-2024)

El expediente indica que Hazim habría sido el encargado de "instalar y dirigir el sistema fraudulento", junto a funcionarios internos y prestadores de servicios de salud.

Exconsultor jurídico de SeNaSa

Devengaba un salario de 163,400 pesos mensuales.

El Ministerio Público lo vincula al engranaje legal que permitió la continuidad de las maniobras fraudulentas dentro de la institución.

Francisco Iván Minaya Pérez: Exgerente de servicios de salud

Con un salario de 266,500 pesos mensuales, figura como una pieza clave en la aprobación de pagos dentro de los llamados "programas especiales", presuntamente utilizados para canalizar sobornos.

Eduardo Read Estrella: Empresario de Propietario de Khersun S.R.L.

Su empresa, contratada por SeNaSa desde 2020, recibía pagos fijos bajo la modalidad de "pago por cápita", incluso sin prestación efectiva de servicios.
El empresario asegura colaborar con la Procuraduría desde el inicio del proceso.

Ada Ledesma Ubiera: Ejecutiva de la farmacéutica Lufaka

La compañía habría emitido facturación ficticia por servicios de atención primaria.
Su defensa sostiene que solo realizó "una o dos operaciones de bajo monto" para la institución.

Cinty Acosta Sención: Ejecutiva de IntraCare y Madison Medical S.A.

Ambas empresas figuran como suplidoras vinculadas a la red, acusadas de generar facturas simuladas y operaciones sin sustento real para justificar pagos irregulares.

Ramón Alan Speakler Mateo: Ejecutivo del Grupo Siulrod SRL y empleado del Mirex

La empresa tiene vínculos societarios con familiares del exdirector Santiago Hazim.
Además, aparece en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores con un salario de 70,000 pesos.

El entramado

El Ministerio Público asegura que la red:

• Manipuló el borderó y los sistemas internos para ocultar el déficit real.

• Creó "programas especiales" para justificar pagos millonarios que luego retornaban en sobornos.

• Utilizó empresas de carpeta para lavado de activos, emisión de facturas falsas y simulación de servicios.

• Pagó tratamientos inflados o inexistentes, incluyendo procedimientos oncológicos, cardiovasculares y diálisis para personas fallecidas.

• Desvió fondos destinados a las reservas técnicas, comprometiendo la solvencia de la institución.

• Compró bienes mediante testaferros y realizó retiros en efectivo para ocultar el origen ilícito de los fondos.

• Obstruyó investigaciones internas y externas para garantizar la continuidad del esquema.

El presunto desfalco supera los RD$15,921 millones, según el expediente.

Directora del MP asegura faltan más involucrados

La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este miércoles que la investigación del presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) continúa abierta y que en los próximos días se sumarán más imputados al expediente, debido a la magnitud del caso.

Investigación judicializada por etapas y nuevos imputados

Reynoso explicó que las diez personas que permanecen detenidas en la cárcel preventiva forman solo la primera parte de la investigación, la cual se ha judicializado por etapas debido a su amplitud. "Habrá más personas inculcadas.

Sí, hay médicos, profesionales del área de la salud y múltiples centros médicos bajo investigación. No es que serán investigados, es que ya llevan tiempo investigándose", afirmó.

MP solicita prisión preventiva

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los 10 imputados y que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud del fraude.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer la medida este jueves 11 de diciembre a las 2:00 p.m. 

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